La Asociación de Peruanos asegura que, de los dos mil que residen en el país, solo 800 se encuentran en situación legal (¿hay una parte subcontratada?) y es necesario saber cómo cobran o cómo acceden a la sanidad.
En una sola semana, Andorra ha bajado del pedestal. Una de nuestras principales señas de identidad era, a diferencia de prácticamente todos los países europeos, no tener inmigración ilegal, salvo casos puntuales que se detectaban rápidamente.
Pues nada más lejos de la realidad. Y ha sido la Asociación de Peruanos, a través de su presidente Lorenzo Castillo, la que ha reconocido la situación. De los cerca de dos mil peruanos en Andorra, solo 800 tienen papeles. Y ha dejado entrever que en realidad esto de reagrupar de forma ilegal sabiendo que el Estado no expulsará a menores es algo habitual.
Si esto ocurre solo con los peruanos, ¿cuánta gente hay en situación ilegal en Andorra? ¿No hay también de otras nacionalidades? ¿Cuántos ciudadanos somos en realidad? El Gobierno debe explicar con claridad qué está pasando. ¿Cómo cobra esta gente? ¿Los empresarios —sobre todo del sector de la construcción, se entiende— están pagando salarios en negro? ¿Están subcontratando desde el país de origen cuando se suponía que eso estaba prohibido por los abusos que se habían producido? ¿Se están saltando los patrones las limitaciones migratorias para seguir disponiendo de mano de obra dispuesta a cobrar el salario mínimo? ¿Cuántos adultos e hijos inmigrantes ilegales están accediendo a la sanidad o a una tarjeta administrativa?
No sigo. El Gobierno debe desmentir o explicar qué está ocurriendo. No tiene sentido seguir especulando hasta que el Ejecutivo arroje luz.
