El Partit Socialdemòcrata (PS) y su Grupo Parlamentario han manifestado públicamente su preocupación ante la posibilidad de que se impulse una ley de amnistía relacionada con el caso Banca Privada d’Andorra (BPA), actualmente en proceso judicial.
La formación ha reiterado su compromiso con la defensa del Estado de derecho, advirtiendo que una amnistía en este contexto podría suponer una injerencia del poder legislativo en el ámbito judicial.
Aunque no cuestionan su legalidad dentro del ordenamiento jurídico andorrano, el PS considera que un procedimiento judicializado no debería ser resuelto desde el Parlamento. “Compartimos que la justicia debería ser más ágil, pero no corresponde al legislativo ponerle fin”, han afirmado en un comunicado.
Las acusaciones desmentidas a RAC1
El grupo también ha anunciado que pedirá explicaciones públicas al Gobierno de Andorra a raíz de las nuevas informaciones reveladas por el medio catalán RAC1, que apuntan a posibles interferencias externas en las instituciones andorranas.
El PS ha denunciado una falta de transparencia por parte del Ejecutivo, especialmente en lo relativo a la gestión de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), y ha recordado que han sido múltiples las peticiones de documentación que el Gobierno ha ignorado.
Esta situación, según el PS, no solo podría comprometer la separación de poderes dentro del Estado, sino también abrir la puerta a una injerencia de un Estado extranjero en el funcionamiento institucional de Andorra, hecho que consideran “inaceptable”.
Por todo ello, el Grupo Socialdemócrata ha anunciado que solicitará formalmente la comparecencia pública del jefe de Gobierno, Xavier Espot, ante la Comisión Legislativa de Justicia, Interior y Asuntos Institucionales.
Espot ocupaba el cargo de ministro de Justicia e Interior en el momento de los hechos que rodean el caso BPA. El PS quiere que se aclaren las posibles responsabilidades políticas derivadas del caso, que —aseguran— pueden tener un grave impacto en la confianza ciudadana en las instituciones.
Un no a la amnistía?
El Partit Socialdemòcrata expresa una postura crítica ante la posible aprobación de una ley de amnistía vinculada al caso BPA, advirtiendo que esta podría suponer una injerencia del poder legislativo en un proceso judicial aún abierto. Sin cuestionar su encaje legal, el PS considera que no corresponde al Consell General intervenir en una causa judicializada, ya que ello podría alterar el normal funcionamiento institucional y poner en riesgo la separación de poderes. Además, señala que una posible amnistía afectaría la confianza ciudadana en la justicia y en las instituciones, y denuncia la falta de transparencia del Gobierno en todo lo relativo a la AREB, lo que agrava la preocupación política y democrática sobre el caso.
