El abogado Xavier Jordana comenzó en octubre del año pasado una ronda de reuniones para lograr que el Consell General apruebe una ley de inmunidad para los hermanos Higini i Ramon Cierco y los empleados de BPA. Jordana solicita a los consejeros generales que elaboren y aprueben una legislación específica que impida que los hermanos Cierco puedan ser juzgados por cualquier delito relacionado con BPA. Una especie de ley de Punto Final como la de Argentina para los militares que habían cometido crímenes ‘por obediencia debida’ ante un potencial consejo de guerra si se negaban.
Jordana ha retomado la iniciativa con, según fuentes cercanas al caso, encuentros con cerca de un centenar de personas, entre ellas la práctica totalidad de los consejeros generales. El letrado se encuentra en la fase final de este segundo intento para lograr que el Estado garantice por ley que los Cierco no tendrán que responder ante la Justicia, sea cual sea el delito que puedan haber cometido como principales accionistas de la entidad que Estados Unidos obligó a cerrar al considerarla un riesgo de primer orden mundial en blanqueo de capitales.
Esta inmunidad ante posibles crímenes se extendería también a los empleados y directivos de la entidad. Cabe recordar que los hermanos Higini y Ramon Cierco ya están procesados por blanqueo de capitales y asociación ilícita en relación con la ‘caja B’ de BPA, una sociedad panameña llamada Landstreet donde supuestamente se realizaban pagos en negro fuera de la contabilidad de la entidad. Según el auto de procesamiento, Joan Pau Miquel habría desviado, con la ayuda de los Cierco, decenas de millones de euros de BPA en beneficio propio y sin conocimiento del resto de accionistas.
Rechazo de los demócratas
El grupo parlamentario demócrata y el Gobierno ya se mostraron absolutamente contrarios a una ley de ‘punto final’ que declarara impunes los delitos comunes que un grupo específico de ciudadanos pudiera haber cometido. Dejaron claro que ni el poder legislativo ni el ejecutivo pueden aprobar leyes que impidan a ciertos ciudadanos ser juzgados por los delitos que hayan podido cometer.
El presidente del grupo parlamentario demócrata, Jordi Jordana (hermano de Xavier), manifestó que “aquí entendemos como pilares fundamentales del Estado de derecho la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Por lo tanto, nosotros, como consejeros, creemos que no podemos interferir en procesos judiciales que debe resolver la Justicia con la mayor celeridad”.
Por parte del Gobierno, el ministro portavoz Guillem Casal se expresó en términos similares: “La postura del Gobierno es clara y está totalmente alineada con la que expresó el grupo parlamentario demócrata hace apenas unos días. El Gobierno considera que esta petición de proceso de amnistía para un caso judicializado no tiene un encaje jurídico ni político posible”.
