La sociedad panameña Landstreet, que se utilizó como caja B de BPA, era propiedad de Joan Pau Miquel, CEO de la entidad, y los dos gestores del fondo Dolphin: Javier Escoda (35%) y Daniel García (15%). Landstreet firma un contrato con BPA para la apertura de una cuenta donde Josep Maria Frases Homedes firma en nombre de la sociedad panameña y Josep Antoni Rivero Carrizo en nombre de BPA. Se oculta que Miquel tiene el 50% de la ‘caja B’ y, por tanto, se esconde que el CEO es el verdadero beneficiario de la cuenta. Vital para la estructura delictiva que saqueó decenas de millones al banco. Miquel utiliza un testaferro en su propio banco para ocultar que él es Landstreet. En la ficha se pone que los beneficiarios son “accionistas de BPA”. Y en la evaluación de riesgos se pone “cero”, cuando una sociedad panameña habitual es el medio más utilizado en el mundo para blanquear y ocultar la llegada y salida de capitales.
Así lo explica el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso digitalandorra.es, por parte de la Sección 1 de la Battlia Especialitzada d’Andorra a Joan Pau Miquel, los hermanos Higini i Ramon Cierco (principales accionistas del banco, Javier Escoda, Daniel García y los directivos del banco Josep Antoni Rivero, Santiago de Rosselló y Josep Maria Frases. La instrucción del caso ha durado nueve años ya que la intervención de BPA por parte del estado después de que fuera considerado una amenaza de primer orden mundial en materia de blanqueo por parte de Estados Unidos en marzo del 2015 permitió acceder a todos los documentos sobre la caja ‘B’. La mayor parte de los empleados de la entidad desconocían su existencia. Se los procesa por blanqueo, asociación ilícita, deslealtad empresarial o otros múltiples cargos.
La función supuesta es que los dos gestores del fondo Dolphin reciban su salario a través de Landstreet. Higini y Ramon Cierco conocían toda la operativa de Landstreet y que detrás estaba Joan Pau Miquel. Así lo explicaron al consejo de administración del banco. La sociedad panameña no estaba autorizada por el Instituto Nacional de Finanzas (INAF) para gestionar ni el fondo Dolphin ni ningún otro. Los Cierco y Miquel nunca transmitieron al INAF la existencia de Landstreet.
La caja B en negro
La principal función de Landstreet era ser la caja B de BPA, para poder hacer pagos que quedaran fuera de la contabilidad del banco. De forma oculta con operativas internas para dificultar la trazabilidad, BPA ingresa a cuentas de la sociedad panameña tres cantidades: 51.430.887 euros, 6.435.453 dólares y 4.056.487, lo que suma unos 61 millones de euros.
La justificación “de estos abonos, de forma parcial, dado que no todos los abonos están justificados, era por una parte, asesoramiento financiero, actividad para la cual la sociedad, recordémoslo, no estaba habilitada, y por otra parte, facturas por servicios que LANDSTREET nunca habría prestado a BPA, como más adelante se detallará”, según recoge el auto de procesamiento de este caso.
De los 61 millones, hay 13.288.801 que corresponden a los importes cobrados por los gestores del Fondo Dolphin, Escoda y García. Lo recibieron en una ‘cuenta puente’ en el banco suizo Banca Rothschild a nombre de Landstreet para dificultar el rastreo del origen del dinero.
Cobros de Miquel
Los abonos que se realizarían a favor de Miquel a través de Landstreet, según el auto, no son por traspaso como se hacía con Escoda y García. El CEO del banco hacía retiradas en efectivo para dificultar el seguimiento del dinero y, a veces, incluso de forma fraccionada para complicar aún más la trazabilidad. Miquel recibió de la sociedad panameña, y por tanto pagado por BPA de forma oculta al banco, 17.431.864 euros y 488.503 dólares.
Como casi todas las operativas de blanqueo en BPA, se utilizaron contratos de prestaciones de servicios inexistentes y nunca prestados para justificar pagos del banco a Landstreet. Se inventaban conceptos genéricos para desviar el dinero a la caja B. Por ejemplo, “asesoramiento jurídico”, “asesoramiento técnico y financiero” o “asistencia por asesoramiento comercial a Centroamérica”. Esta operativa la realizaba Miquel, que emitía las facturas de Landstreet para facturar al banco, y Santi de Rosselló, su subordinado, que las validaba. Como Miquel era Landstreet y al mismo tiempo el CEO de BPA, él facturaba y él se pagaba por unos servicios que había inventado, pero que BPA nunca podría saber, ya que él era el principal ejecutivo de la entidad saqueada.
Con total impunidad
El saqueo del banco por parte de Miquel no guardó ni las formas. “Algunas facturas son abonadas antes de la propia emisión de la factura, lo que lleva a pensar que las facturas solo eran un medio artificioso utilizado para justificar documentalmente la licitud de unos pagos por unos servicios que nunca se habían prestado, comportando una despatrimonialización de BPA a favor, especialmente, de Miquel”.
Ejemplos:
“La factura núm. 20/09 lleva fecha del 31 de diciembre de 2009, pero fue abonada en la cuenta AD28 el 30 de octubre de 2009, dos meses antes de su emisión (por importe de 364.429 EUR). La factura núm. 22/09 lleva fecha del 31 de diciembre de 2009, pero fue abonada en la cuenta AD28 el 30 de octubre de 2009, dos meses antes de su emisión (por importe de 204.554,50 EUR)”. Hay, al menos, seis más de este estilo. En total suman más de dos millones de euros.
Igualmente, constan facturas duplicadas con contenido diferente. La impunidad llegó a tal nivel que les daba igual que las facturas duplicadas fuesen de importes, como en este primer caso que ahora citamos, superiores al millón de euros cada una:
“Factura ref. 03/07: constan dos facturas de LANDSTREET a BPA con la ref. 03/07, de 20 de diciembre de 2007, firmadas ambas por el Sr. MIQUEL, pero de importes diferentes, una de ellas por importe de 1.153.658 EUR y otra por importe de 1.291.214 EUR, pues estas facturas se utilizarían para justificar desvíos de fondos de BPA a LANDSTREET, con independencia del concepto o importe formalmente o aparentemente reflejado en la propia factura”.
Un esquema delictivo poco profesional
Hay más y también otras situaciones anómalas, pero hay decenas de pagos que se hacen imposibles de poner en un artículo. Miquel había ‘reclutado’ a De Rosselló para que validara el saqueo y también a Josep Anton Rivero Carrizo. Las ‘chapuzas’ de este grupo eran impropias de profesionales bancarios, aunque estuvieran inventando facturas y cobros.
Las incongruencias son infinitas. El bajo nivel de todo el esquema solo se explica por el hecho de que, como era una ‘caja B’ situada en una sociedad panameña, si los americanos no se hubieran cansado del blanqueo masivo de jerarcas chavistas y políticos mexicanos corruptos, nunca se habría descubierto.
Es todo tan torpe que incluso hay una veintena de facturas que ni siquiera fueron abonadas nunca, con los mismos conceptos falsos de servicios nunca prestados como ‘asesoramiento comercial centroamérica’. Hay 15 con este mismo concepto. En total, las facturas que parece que no se han pagado, aunque se hayan facturado, ascienden a más de 14 millones de euros. Hay que suponer que, como tenían que inventarse facturas de servicios, ya lo hicieron de manera industrial con hasta 14 millones que no llegaron a ejecutarse.
El CEO que cobraba por traer clientes al banco que dirigía
Miquel sacaba el dinero que BPA enviaba a Landstreet en efectivo al banco para no dejar rastro y tenía diferentes medios de ocultarlos. Por ejemplo, puso 4,3 millones en ingresos en metálico en la sociedad Terres del Mig que habían salido de la cuenta de Landstreet. Y también hay desvíos a otra de sus sociedades: Principat Holding.
El CEO del banco llegó a cobrar cerca de un millón de euros de BPA por haber ‘presentado’ clientes al banco, cuando él era el consejero delegado. Como no podía cobrar directamente del banco por este concepto, utilizaba Landstreet para ocultar estas operativas.
Prescriptores de sobornadores
A través de Landstreet se pagaba a los prescriptores de clientes para BPA que, en muchos casos, eran empresas y particulares de América del Sur y Centroamérica que querían pagar sobornos para obtener concesiones de políticos y funcionarios corruptos. Un ejemplo claro es Centurión Consultores Económicos, que trajeron personas vinculadas a la trama de sobornos a gran escala en América Latina, por las cuales han sido condenadas, protagonizada por las constructoras brasileñas Camargo Correa y Odebrecht.
A Thenalt, del grupo argentino de Casa de Cambios condenado por blanqueo y que ha dejado sin ahorros a miles de argentinos, se le pagó a través de Landstreet cerca de 3,8 millones por ‘presentar’ clientes.
Connivencia de los Cierco
De todos estos pagos, Higini y Ramon Cierco, De Rosselló y Rivero eran conocedores, según recoge el auto, “porque se hicieron los correspondientes avisos internos incluyendo por parte del Comité para la Prevención del Blanqueo de Capitales provenientes de Crimen de BPA”.
Higini Cierco recibió 648.000 EUR provenientes de Landstreet por una orden de Miquel “conociendo este el origen del dinero, pues los hechos anteriores habrían sido ejecutados de común acuerdo entre ellos”.
Conclusión
El auto recoge que existen indicios suficientes para sospechar que Joan Pau Miquel Prats, con la connivencia de Ramon Cierco y Higini Cierco (los tres que dirigían el banco a través del Comité Ejecutivo de BPA que solo integraban ellos) crearon Landstreet para desviar dinero de BPA con diferentes estrategias.
Santiago de Rosselló y Josep Anton Rivero eran los dos colaboradores que firmaban autorizando buena parte de las operativas. Landstreet facturaba asesoramientos falsos y se desviaban los dinero de BPA a Miquel o a sus sociedades. También habrían retribuido ciertas actividades delictivas como se desprende de los hechos probados en alguna causa ya juzgada.
La caja B de BPA también se utilizaba como pantalla o “mandataria, por cuenta y orden de BPA” (aunque nunca se habría comunicado a ningún órgano de gobierno de la entidad ni a los otros accionistas este hecho) para efectuar determinados pagos que debían ser tratados con discreción y confidencialidad.
Finalmente, Landstreet habría sido utilizada por Miquel y con la connivencia de los Cierco, Rivero y De Rosselló para pagar por conceptos ilícitos como ‘presentar clientes’ o abonar dinero a los empleados que colaboraban con todo el montaje paralelo a BPA sin que el resto de los trabajadores lo pudiera saber.
Se ha procesado y están en libertad provisional a la espera de juicio los dos hermanos Cierco, Miquel, de Rosselló, Rivero, Escoda, García y Frases.
