El Gobierno ha aprobado una normativa destinada a preservar el patrimonio cultural mediante la limitación de la altura de los edificios situados en el entorno de la Casa de la Vall y el arciprestazgo de Sant Esteve. El decreto establece que las nuevas construcciones no pueden superar los tres pisos por encima de la planta principal. Aunque los edificios existentes no se verán afectados, la norma restringe significativamente las posibilidades de ampliación.
Varios propietarios han presentado alegaciones, argumentando que la medida vulnera la Constitución, ya que cualquier limitación a la propiedad privada debe estar justificada por una función social y establecida mediante una ley, no por decreto gubernamental, según recoge RTVA. Esta situación podría derivar en un contencioso judicial ante la Batllia.
Ante este escenario, se plantea la posibilidad de que el comú de Andorra la Vella incluya la zona afectada dentro de su plan de urbanismo, lo que establecería una regulación definitiva sobre las restricciones aplicables a los inmuebles de este entorno.
