La repentina ralentización en la llegada de ciudadanos argentinos a Andorra ha dado paso a un crecimiento sostenido —y cada vez más visible— de comunidades como la colombiana y la peruana.
Así lo explicó ayer Marcelo Riccie Ponce, presidente de la asociación Argentinos en Andorra, en declaraciones exclusivas a este diario.
“Desde hace dos años, las cuotas generales son difíciles de alcanzar para muchos argentinos por cuestiones de documentación”, afirmó. Pero según adelantó, hay un nuevo factor que está alterando profundamente el mapa migratorio: la nueva exigencia de que el alquiler y la residencia vayan de la mano y que el consentimiento provenga directamente del propietario de la vivienda.
Un nuevo requisito que tensa el sistema
El pasado 2 de abril, el Gobierno aprobó un cambio regulatorio crucial: cualquier solicitante de un permiso de residencia y trabajo debe acreditar el consentimiento expreso del propietario del piso en el que va a residir. Hasta ahora, esta autorización podía ser firmada por el inquilino principal, lo que permitía el alojamiento múltiple de nuevos inmigrantes en domicilios de otros residentes —una práctica conocida, tolerada y, en muchos casos, explotada como fuente de subarrendamientos irregulares.
“Con este cambio, muchos ya no pueden aportar la documentación que exige inmigración. Y esto afecta especialmente a quienes provienen de países donde conseguir papeles, trámites y garantías es más lento o costoso”, subrayó Ponce.
“El nuevo requisito está generando preocupación, especialmente en los procesos de reagrupación familiar. Si no puedes reagrupar a tu familia, la situación se complica gravemente. Blanco y en botella.”
Un crecimiento que no se correspondía con la oferta inmobiliaria
Entre 2022 y 2025, la población de Andorra ha pasado de 79.000 a 87.000 habitantes, pese a que el mercado de alquiler no ha crecido al mismo ritmo. De hecho, según los datos recogidos por este diario, incluso ha habido una reducción en la oferta de pisos disponibles. El modelo migratorio funcionaba gracias a una práctica ampliamente extendida y a la vez opaca: nuevos residentes que obtenían el permiso con una dirección facilitada por terceros, a menudo sin residir realmente allí.
Una vez con el permiso en mano, los recién llegados se lanzaban a buscar alojamiento dentro del llamado circuito de los “pisos patera”: unidades sobreocupadas, alquiladas muchas veces en negro, con múltiples personas conviviendo en condiciones precarias. “Es imposible saber cuántas habitaciones se están alquilando actualmente fuera del sistema”, reconocen fuentes cercanas al sector inmobiliario.
Cambio de tendencia: la comunidad colombiana toma el relevo
Todo esto ha derivado en un giro inesperado. Por primera vez en años, la comunidad argentina no aparece entre los colectivos con mayor crecimiento en Andorra. En cambio, colombianos y peruanos lideran las cifras con incrementos superiores al 25%, según datos recientes de Estadística.
Ponce ya había anticipado esta tendencia: “Los colombianos tienen la documentación en regla. Ya lo dije hace tiempo: serán la comunidad que más crecerá.” El mismo Ponce señala que este cambio no se debe solo a flujos migratorios naturales, sino a condiciones administrativas: “Andorra tiene requisitos estrictos. Y quienes pueden cumplirlos sin trabas son los que salen adelante.”
Cambio de paradigma en el modelo migratorio
Las medidas anunciadas por el Gobierno buscan poner fin a una situación que se había vuelto insostenible: el crecimiento demográfico impulsado por prácticas al margen de la normativa urbanística y fiscal. Ahora, con la exigencia de que el consentimiento venga directamente del propietario, se pretende frenar la sobreocupación y recuperar el control sobre el acceso a la vivienda.
El presidente de Argentinos en Andorra reconoce que la nueva norma puede ser comprensible desde el punto de vista del control público, pero también advierte del riesgo que supone para muchas familias: “Hay personas que lo han dejado todo para venir aquí y ahora se ven atrapadas por un requisito que les bloquea.”
Los datos facilitados por Estadística muestran un claro cambio de tendencia en la llegada de nuevos inmigrantes. En los últimos tres años, Argentina ha sido el principal origen de los recién llegados.
A cierre de marzo, había 3.274 argentinos residiendo en el Principado, una cifra que casi igualaba a la de los franceses. Pero en abril, por primera vez en años, los argentinos no aparecen entre los colectivos inmigrantes que más crecen. Las únicas nacionalidades con un crecimiento destacado son la colombiana y la peruana. Concretamente, en el último año, los inmigrantes de estos dos países han crecido más de un 25%.
¿El futuro? Menos entradas, pero más reguladas
Con el nuevo marco normativo, el Gobierno busca un equilibrio entre el control migratorio y la sostenibilidad social y urbana. No obstante, el reto es enorme: garantizar que la llegada de nuevos residentes vaya acompañada de un entorno digno, transparente y legal. El debate sobre el modelo migratorio y la capacidad real de absorción de un país con problemas estructurales de vivienda sigue abierto.
Una cosa parece clara: la vía de la entrada rápida a través de direcciones prestadas ha tocado techo. Y con ello, se cierra una etapa que, pese a las advertencias, fue fundamental para explicar la explosión demográfica andorrana de los últimos años.
