Los abogados Xavier Jordana, Sònia Ruiz e Irina Monroy representan a los hermanos Higini y Ramon Cierco en la petición de una ley de amnistía que impida juzgar a los trabajadores, directivos y accionistas de BPA. Los letrados de los hermanos Cierco, principales accionistas de BPA, han solicitado una “amnistía” para “poner punto final” a todo el asunto de BPA. Han indicado que, asumiendo la intervención tras la nota del Tesoro de los Estados Unidos, hecha pública el 10 de marzo de 2015, consideran que todos los hechos anteriores constituyen un conjunto de despropósitos.
Jordana ha denominado la legislación que debería aprobarse como amnistía y supondría dividir en dos los posibles delitos cometidos en o con BPA. Por un lado, los clientes no estarían incluidos en este ‘perdón’ general que los Cierco quieren establecer por ley. Por lo tanto, deberían hacer frente a las causas por blanqueo, sobornos y otras actividades delictivas que la justicia ha constatado en BPA.
Se han detallado aquellos a los que protegería la amnistía y que no podrían ser juzgados por cualquier delito relacionado con la entidad. Se trataría de los miembros del Consejo de Administración, teniendo en cuenta que los hermanos Cierco son los únicos procesados entre los accionistas, los directivos y los empleados de la entidad.
Paz social
Esta es la solución que se ajusta legalmente para lograr la paz y la reconciliación social, y para reparar ciertos efectos que se han desproporcionado. De hecho, han comentado que es la única manera de resolver las tensiones que, después de diez años, en lugar de solucionarse, se han intensificado, provocando una saturación del sistema judicial y causando un gran calvario a los 25 trabajadores de BPA encausados, quienes han sufrido penalidades económicas, sociales y familiares.
“La única manera de resolverlo es mediante una ley de amnistía por el bien general de todos. Creemos que esta ley debería quedar limitada al consejo de administración del banco, a los empleados que quizá no hayan cumplido con las normativas de ‘compliance’, pero eso no debería otorgarles la categoría de organización criminal”, ha señalado Jordana, quien también ha asegurado que esta solución legislativa es la más adecuada, ya que cumple con todos los requisitos establecidos por la Comisión de Venecia.
Proposición de ley
Xavier Jordana, según ha explicado en rueda de prensa, ha señalado que la intención es que los grupos políticos presenten una proposición de ley consensuada, y así lo han trasladado a las formaciones con representación en el Consejo, tal como adelantó GAC Digitaland, al jefe de Gobierno, a los representantes de los Copríncipes y a los embajadores de España y Francia.
El abogado de los Cierco ha destacado que la fórmula propuesta, a través de una proposición de ley, se ha diseñado para que encaje constitucionalmente y no afecte la reputación internacional de Andorra.
